Hacienda quiere publicar una lista con los mayores defraudadores

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno estudia la manera de adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos a la Hacienda Pública. Así lo ha señalado Montoro en el Pleno del Senado durante su defensa del proyecto de ley de medidas tributarias, donde ha recordado que esto se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o Irlanda. El objetivo de dar publicidad a los nombres de los evasores fiscales es incentivar que acaben pagando sus deudas con la Hacienda pública.

El ministro ha explicado que esta medida se justifica porque la lucha contra el fraude descansa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario y la conciencia social. "Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata", ha dicho. Esta lista incluirá a los mayores defraudadores de Hacienda con independencia de la actividad económica que desarrollen y su posición social. "No puedo entender tanto sigilo y cautela", ha dicho.

El Gobierno, según Montoro, estudia la precisión de "parámetros objetivos" para configurar el listado. Antes de realizar este anuncio, Montoro ha repasado las líneas generales del proyecto de ley de medidas tributarias que se debate en el Senado y que incluye medidas como el cambio de tributación a las plusvalías generadas en menos de un año o el nuevo impuesto a los premios de Loterías.

El objetivo final de este proyecto de ley, según Montoro, es "recaudar más" y mejorar la equidad del sistema tributario para hacer "real" el principio de la Constitución de que los sujetos pasivos deben contribuir al erario público en función de su capacidad económica.

El ministro ha recordado algunas de las enmiendas que se han incorporado al texto durante la tramitación en Comisión en la Cámara Alta, por tratarse de cambios que constituyen "todo un cuerpo doctrinal". En este sentido, ha recordado los cambios en la tributación de las indemnizaciones millonarias que pretenden acabar con los contratos blindados y con un sistema "muy blando" en términos fiscales en esta materia. Según Montoro, este cambio es una "gran aportación" que debe ser valorada en términos de equidad por parte de la sociedad en momento de crisis económica en el que se están pidiendo esfuerzos a todos los ciudadanos.

Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata"

Cristóbal Montoro

Además, la Comisión del Senado ha incluido otros cambios en el proyecto de ley relativos a las primas de seguros colectivos o la fiscalidad especial aplicable a operaciones de reestructuración y resolución de entidades de crédito. De la misma forma, se han introducido medidas para flexibilizar y fomentar el alquiler y el nuevo sistema de bonificaciones fiscales (tax lease) que beneficia a la industria y, sobre todo, al sector naval.

A lo que no ha hecho referencia es a que la cifra lograda con la amnistía fiscal se ha quedado muy por debajo de lo esperado, que aportará, según admitió la semana pasada Montoro, unos 1.200 millones al fisco, menos de la mitad de los 2.500 millones presupuestados. Durante seis meses, la amnistía fiscal permitió a los defraudadores regularizar bienes y derechos por los que no habían tributado, siempre que pagaran un 10% de multa, un tipo muy inferior al aplicado en la mayoría de impuestos.

Finalmente, Montoro ha destacado la creación de un impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades autónomas puedan aplicar uno propio. Este impuesto, según el ministro, trata de evitar distorsiones en el mercado bancario que segmentarían este mercado y limita a Hacienda la capacidad de elevarlo o modificarlo.

De hecho, Montoro ha dicho que estudia la posibilidad de subirlo y establecer un tipo "muy moderado", ya que su finalidad última no será recaudar, sino ordenar el sistema financiero para facilitar el crédito.

Además, el ministro ha asegurado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) analizará la manera de compensar a las comunidades que lo aplicaban, como Extremadura, Canarias o Andalucía.